
La justicia italiana acusa a la banca conocida como el Instituto para las Obras Religiosas de violar intencionalmente las regulaciones europeas destinadas a prevenir el lavado de dinero.
Las autoridades, que en septiembre se incautaron de unos 23 millones de euros como parte de las investigaciones, centran su atención en dos transacciones específicas en las que, según documentos de la fiscalía, hubo "intención de ocultar la identidad del propietario y el origen del dinero".
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